Protegiendo el terroir – 25 Magazine: Issue 3

Protegiendo el terroir – 25 Magazine: Issue 3

¿Qué es lo que hace que los productos alimentarios sean exclusivos de una región, y cómo se protegen desde los países de la UE y el resto del mundo conforme a la ley?

RUTH HEGARTY examina los pros y los contras de las indicaciones geográficas.

Prosciutto di Parma o “jamón de Parma” representa una marca, una denominación con una corona con la palabra “PARMA” en su interior, otorgada por el consorzio (o consorcio de productores) que supervisa su producción y comercialización. Sobre el producto envasado también encontrará otra marca, un logotipo circular amarillo y rojo representando una escena rural rodeada por las palabras «Denominación de Origen Protegida», o DOP en su forma abreviada. El certificado DOP es uno de los tres planes protegidos para la denominación de alimentos de acuerdo con la política de calidad alimentaria de la UE.

Su certificado indica que el nombre del producto, con su indicación geográfica (IG), en este caso Parma, está protegido por la Legislación Europea puesto que ha demostrado tener unos vínculos inherentes a la zona donde ha sido producido y unas características exclusivas asociadas a ese lugar.

Un producto que lleva el nombre protegido de jamón de Parma o Prosciutto di Parma deberá cumplir unos requisitos específicos: debe producirse exclusivamente a partir de la pata trasera de ciertas razas autóctonas de cerdos criados siguiendo ciertos estándares, y el jamón debe producirse en la zona circundante a Parma, en la región italiana de Emilia-Romagna, empleando únicamente sal, aire y tiempo: sin añadir ningún tipo de aditivo ni conservante. Los métodos y estándares de producción, incluido el tiempo de envejecimiento (más de 400 días), son prescriptivos, aunque el aspecto clave de su protección es menos tangible: el terroir (o terruño). Los productores de Prosciutto di Parma creen que lo que lo hace realmente único y especial, lo que le da las cualidades que lo hacen inigualable, es el aire de montaña «dulce, seco y aromático» de la región de Emilia-Romagna. Esto, unido a la experiencia local desarrollada desde los tiempos de los romanos, hace que este producto no pueda imitarse en ningún otro sitio, y que solo el jamón producido en esta región pueda llevar el nombre de Parma. Esta indicación geográfica protege a los productores de la región y garantiza la calidad del producto.

 ¿Qué son los IG?

Los indicadores geográficos de alimentos, bebidas o productos agrícolas son unas denominaciones que indican el origen geográfico del producto, pero que también incide en un rasgo característico, en la calidad o en la reputación de dicho origen. Tales denominaciones no solo indican de dónde procede un producto, sino que también destacan un fuerte vínculo entre el producto y su lugar de producción, puesto que sus cualidades dependerán precisamente de ese lugar de producción.

La normativa de la UE respecto a las indicaciones geográficas, introducidas en 1992, le deben mucho a los sistemas implantados en las antiguas colonias francesas y en otros países miembros del sur de Europa, que han influido de forma vital con el concepto básico de “terroir”. La UE está preparando tres certificados para proteger la calidad de los alimentos regionales tradicionales y de especialidad. La denominación de origen protegida (DOP), el reconocimiento otorgado al jamón de Parma y a productos como el champán, es el más restrictivo de todos, e implica el mayor vínculo posible con la zona. Se concede a productos cuya calidad o características son «esencialmente o exclusivamente debidas al entorno geográfico particular y a sus factores humanos y naturales inherentes, y cuya producción, procesado y preparación tiene lugar en esa región geográfica definida».

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) es más flexible, y requiere un carácter, reputación o cualidad “atribuible” a su origen geográfico y donde algunos, aunque no todas, las etapas de producción deberán tener lugar en dicha área. El aceite de oliva de la Toscana y el Scotch Lamb, por ejemplo, tienen el estatus de PGI. La certificación final Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) no se refiere a la indicación geográfica, pero sigue unos principios similares. No incluye un lugar de origen específico, pero está dirigido a la diferenciación de productos generados utilizando métodos de producción tradicionales. El jamón serrano español es un ejemplo de producto con indicación ETG.

En otros países, incluidos los EE.UU., las indicaciones geográficas se pueden proteger a través del sistema de marcas registradas, y se consideran más bien una propiedad intelectual que planes para la protección de la calidad de los alimentos; por tanto, se les trata de forma similar a las marcas. Entre los productos protegidos de esta manera en los EE.UU. se incluyen las naranjas de Florida, las patatas de Idaho y los vinos del Valle de Napa.

Más allá de los EE.UU. y la UE, otras indicaciones geográficas con gran reconocimiento son, por ejemplo, el té Darjeeling, el café de Colombia, y el tequila, que de hecho es un nombre de bebida protegido usado en una región específica por el gobierno mexicano en las cercanías de la ciudad de Tequila. Cada uno de ellos se aprovecha de una serie de distintas herramientas legales y programas de certificación en sus propios países y a nivel internacional con el fin de garantizar que ningún otro producto comercie con su reputación.

Un enfoque orientado a los productores

En el caso de la UE, cuando se introdujo este sistema de registro en los años 90, se arguyó que el objetivo principal era la protección del consumidor, garantizar que los consumidores no fueran engañados y comprasen productos de inferior calidad bajo un nombre reconocido. Aunque, en realidad, lo que impulsó a ello no fue el interés en los consumidores, sino en el de los propios productores, concretamente de aquellos de países del sur de Europa con gran tradición en la protección de sus indicaciones geográficas y con un poderoso sistema de agrupaciones de productores detrás. Francia introdujo leyes para designar el origen del vino en 1905, que se acabaron convirtiendo en el sistema de appellation d’origine contrôlée (AOC, término francés para la denominación de origen controlada). España, Italia y Portugal desarrollaron sistemas similares. Los productos que se registraron tendían a contar con el respaldo de consorcios o cooperativas de productores, que presentarían las normas y restricciones bajo las cuales un producto podría ser calificado con esa denominación. Este sistema orientado a los productores y las estructuras de cooperación y los acuerdos sobre las normas existentes son la clave del éxito de las indicaciones geográficas colectivas.

Desde luego, ha garantizado que, a día de hoy, 25 años después de su introducción, los países mediterráneos de la UE sean los que tienen, con diferencia, el mayor número de productos registrados; Italia tiene cerca de 3000, y Francia y España tienen más de 200 cada una. Alemania y el Reino Unido les siguen con menos de 100 productos cada una, partiendo del hecho de que no existe un sistema legal a nivel nacional para el registro de nombres geográficos protegidos y no existe tradición de cooperativas de productores que colaboren para establecer un estándar y fomentar sus productos. Sin la existencia de un marco orientado a los productores, es difícil que otros países de la UE logren alcanzar a los países miembros del sur.

Ventajas de la protección

En teoría, la protección de la indicación geográfica ofrece a sus productores una marca fuerte y reconocida con la que comerciar, a la vez que proporciona al consumidor la garantía de calidad del producto. A menudo permiten que los productores puedan exigir un precio más alto por sus productos o que accedan a mercados más especializados.

En la mayoría de los casos, se emplean para proteger los productos y métodos tradicionales o artesanos, si bien de ninguna manera esto es aplicable exclusivamente a la producción a pequeña escala; los más de 150 productores que pertenecen al Consorzio del Prosciutto di Parma, por ejemplo, producen más de nueve millones de jamones anualmente, que se exportan a todo el mundo. Lo que busca el certificado de denominación de origen protegida es preservar la subsistencia de estos productores y sus métodos tradicionales de producción, evitando que se comercie con otros productos que aprovechan la reputación obtenida a lo largo de generaciones ofreciendo a sus clientes garantía de calidad.

Hablando en términos generales, las indicaciones geográficas protegidas pueden ofrecer una protección similar a la de una marca registrada, pero con la ventaja de que el nombre no pertenece a una única empresa. De hecho, a menudo prohíben que una sola empresa posea un nombre, y por tanto son capaces de proteger nombres de productos tradicionales (o designaciones geográficas) que se han convertido en sinónimo de calidad al apropiarse de ellos las empresas individuales. Tampoco impiden que nuevas empresas que empiezan utilicen el nombre; siempre y cuando un productor se adhiera a los estándares establecidos para la aplicación del certificado, no se les puede impedir registrar su marca con la indicación geográfica. Esto será de aplicación independientemente de la herramienta legal en uso.

Las dificultades

Las indicaciones geográficas no están exentas de grandes dificultades y controversias. La variedad de herramientas legales y enfoques diferentes que se usan para proteger las indicaciones geográficas en las diferentes jurisdicciones, partiendo de las diferentes tradiciones y marcos legales, contemplan distintos niveles de protección y reconocimiento de las indicaciones geográficas. La falta de un enfoque internacional unificado para las indicaciones geográficas complica enormemente lo que parece ser en primer término una forma sencilla y eficaz de proteger el patrimonio de los alimentos tradicionales.

Para poder reforzar su indicación geográfica internacionalmente, los países tendrán bien que registrarla a través de sistemas en otras jurisdicciones, o bien negociar sea mediante negociaciones comerciales colectivas, sea mediante acuerdos bilaterales para el reconocimiento de sus nombres protegidos en otros estados. Mientras que existen múltiples acuerdos internacionales en curso para el reconocimiento mutuo de las indicaciones geográficas, las dispares actitudes adoptadas frente a ellas las han convertido en un punto de conflicto en las negociaciones de comercio internacional, en concreto entre la UE y los EE.UU., que considera el sistema europeo proteccionista y lo ha desafiado a través de la Organización Mundial del Comercio. A pesar de ello, los países de la UE siguen no solo protegiendo y fomentando los alimentos tradicionales y los productos agrícolas a lo largo de los estados miembros empleando estas indicaciones, sino que han ido ampliando progresivamente su protección mediante la negociación de numerosos acuerdos bilaterales con los países importadores, lo que significa a su vez que la UE reconocerá a menudo y fomentará las indicaciones geográficas protegidas de productos específicos procedentes de estos países y que se importan a la UE.

Han ido un paso más allá y han dejado abierta la posibilidad de que productos procedentes de países que no pertenecen a la UE gocen de la protección del sistema de la UE. El primero de dichos productos ha sido el Café de Colombia, registrado como IGP en 2007 por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). El ejemplo del Café de Colombia destaca a la perfección lo complicado y arduo que puede resultar proteger una indicación geográfica, ya que la FNC utiliza una gran cantidad de programas de certificación, marcas de calidad y leyes sobre marcas registradas diferentes para proteger la denominación en todo el planeta. Pero esto ha sido posible gracias a un fuerte contexto nacional ya existente y a un grupo orientado a los agricultores con un estándar de producción establecido. La FNC establece que lo que se perseguía era establecer un registro con el fin de «promover y defender su origen en los mercados internacionales».

En una era de libre comercio y dominio de grandes grupos empresariales y marcas, las indicaciones geográficas pueden ser unas herramientas muy poderosas a la hora de defender el patrimonio de los alimentos tradicionales. Allí donde han sido fomentados y apoyados debidamente, han demostrado ser eficaces a la hora de crear nichos de mercado y amplios márgenes para sus productores. Hacen que las cosas se igualen en el terreno de juego, garantizando que nadie se apropie de las reputaciones ajenas ganadas con el transcurso del tiempo.

Las indicaciones geográficas aún están lejos de ser sencillas; los registros pueden resultar ser procesos largos y burocráticos; cada país debe contar con los recursos y la determinación necesaria para ofrecer su respaldo y negociar su reconocimiento a nivel internacional, y su futuro sigue siendo incierto, al no resultar favorecidos en ninguna de las negociaciones de comercio a gran escala.

Lo que tiene un gran valor, sin embargo, es el marco existente detrás de de las indicaciones geográficas con más éxito: que un sistema cooperativo enfocado al productor que garantice una defensa férrea y un mantenimiento con vida de los métodos de producción tradicionales, que un producto puede producirse a gran escala y continuar siendo totalmente artesano, y que algo tan vago como el concepto de terroir siga siendo valorado.

RUTH HEGARTY es la fundadora de egg&chicken, una agencia de consultoría y gestión de proyectos de alimentación con sede en Irlanda. También es jefa de la Chef Network, una red profesional de cocineros de la isla de Irlanda.

IGs vs Marcas registradas: El caso de Etiopía

Aunque tienen sus puntos positivos, las indicaciones geográficas no resultan prácticas para todo tipo de productores ni para todos los países.

A principios de los años 2000, el gobierno etíope buscó protección para algunos de sus cafés más reconocibles (Harrar, Sidamo y Yirgacheffe), optando por el uso de una serie de derechos de propiedad intelectual (DPI) para proteger la propiedad de sus denominaciones y evitar la apropiación indebida.

El Ethiopian Fine Coffee Stakeholder Committee (un consorcio de cooperativas, exportadores y la EIPO – Ethiopian Intellectual Property Office) lideró este esfuerzo, que supuso un acuerdo por el que la mejor manera de actuar era la protección del origen comercial del café mediante marcas registradas. Las indicaciones geográficas no eran una solución práctica en un país en el que aproximadamente 600.000 agricultores cultivan café de forma independiente a lo largo de más de cuatro millones de parcelas de tierra, según dicho comité.

Mientras que la solicitud presentada por Etiopía para el registro del café Yirgacheffe como marca registrada fue aceptada por la USPTO (United States Patent and Trademark Office), se rechazaron las solicitudes para el Harrar y el Sidamo en 2005 y 2006 haciendo caso a las objeciones expuestas por la National Coffee Association (NCA). La NCA alegó que ambos nombres eran demasiado genéricos y, por tanto, inadmisibles para su registro según la legislación sobre marcas de los EE.UU.

Starbucks Coffee Corporation ofreció su ayuda a la EIPO para establecer un sistema de certificación que permitiese a los agricultores etíopes poner su café en el mercado con indicaciones geográficas, pero el Stakeholder Committee se mantuvo firme, reiterando que ducho sistema no podría instaurarse en Etiopía, resultando demasiado costoso. Posteriormente se adoptó una resolución, y Starbucks firmó de forma voluntaria unos acuerdos de concesión de licencias de marca reconociendo que las denominaciones Harrar, Sidamo y Yirgacheffe pertenecían a Etiopía. La USPTO concedió al café Harrar la marca registrada en 2006, y al Sidamo en 2008. Se han ido creando otras marcas registradas en el resto del mundo, incluida la UE.